Ante los intentos de entrada y la llegada de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a las costas españolas, Amnistía Internacional denuncia la persistencia de expulsiones “en caliente” por parte de las autoridades españolas, así como la desprotección de las personas que podrían estar huyendo de abusos de derechos humanos en sus países de origen y podrían necesitar protección internacional, por ejemplo, aquellas procedentes de países en conflicto, con graves inestabilidades políticas, o donde se producen graves violaciones de derechos humanos como Siria, Irak, Afganistán, República Centroafricana, Sudán del Sur, República Democrática del Congo o Mali, entre otros.
El Tribunal Constitucional español se pronunció en 2020 sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana, que modificaba la Ley de Extranjería introduciendo una nueva figura reguladora de los “rechazos en frontera” aplicable solo a Ceuta y Melilla. Este aparente “amparo” judicial no puede hacernos olvidar que las devoluciones sumarias son prácticas que vulneran derechos humanos, ya que la aplicación práctica de garantías de derecho internacional, como tener acceso a los procedimientos de solicitud de asilo y a recurrir cualquier decisión, no resulta compatible con una expulsión inmediata de territorio europeo.
Un claro ejemplo de estas prácticas tuvo lugar el 24 de junio de 2022, en la llamada masacre de Melilla, en la que más de 100 personas podrían haber perdido la vida tras las actuaciones policiales a ambos lados del puesto fronterizo del Barrio Chino. En esa ocasión, se produjo la devolución en caliente de 470 personas, según cifras del Defensor del Pueblo.
También en mayo de 2021 más de 8.000 personas, entre las que había alrededor de 2.000 menores no acompañados, entraron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos. Según informes, las fuerzas armadas españolas desplegadas en la frontera llevaron a cabo devoluciones colectivas y forzosas sin ninguna salvaguardia.
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